El tradicional almuerzo del Día del Petróleo y el Gas, que se celebra cada año, prometía ser una celebración. El sector acaba de batir el récord histórico de producción de hidrocarburos, incluso en un contexto de fuerte caída de los precios internacionales. Sin embargo, un tema de preocupación recorría todas las mesas del salón principal del Hotel Sheraton de Retiro. "Nos quieren hacer pagar un impuesto que no ganamos ", se quejó indignado un ejecutivo petrolero.
El malestar se dirigió contra el ministro de Economía, Luis Caputo , y su secretario de Hacienda, Carlos Guberman , quienes han estado apelando a todas las herramientas disponibles para alcanzar el superávit fiscal anual de 1,6% del PIB al que se han comprometido.
Una de esas herramientas era evitar que las empresas actualizaran un saldo positivo debido a la inflación al pagar el impuesto a las ganancias. Se trata del cálculo de las quiebras, como anunció ayer Florencia Donovan en LA NACION .
Una empresa puede registrar ganancias o pérdidas. Si obtiene ganancias, paga el impuesto correspondiente; si tiene pérdidas, puede transferir ese resultado negativo a ejercicios futuros , lo que se conoce como pérdidas fiscales.
La disputa con el Gobierno, en rigor, comenzó en noviembre de 2024, pero se ha intensificado en los últimos días. Un plan de pago ofrecido por ARCA (antes AFIP) vence a fin de año para que las empresas liquiden una supuesta deficiencia fiscal que, en el sector privado, desconocen. Hasta el momento, pocas empresas se han sumado, con la excepción de YPF y Pampa Energía , que se negaron a presentar la reclamación, en una decisión que contradijo la postura adoptada por el resto de las grandes empresas.
La empresa estatal explicó que tres estudios legales recomendaron entrar al plan de pagos , luego de un análisis con el equipo de finanzas y administración.
Claudia Balestrini , subsecretaria de Ingresos Públicos y funcionaria en el área desde 2012, dio la voz de alarma el año pasado al publicar un dictamen en el que el Estado interpreta que las deudas no se pueden actualizar debido a la inflación .
El debate técnico es el siguiente: los particulares sostienen que el artículo 25 de la Ley 27.430, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri , permite el ajuste por inflación fiscal en los balances. Economía y ARCA replican que no se han alcanzado los saldos de quiebra , ya que no aparecen explícitamente en el artículo 93 de la misma ley, que enumera los conceptos que pueden actualizarse. Las empresas insisten en que el artículo 25 es autónomo y no depende del 93.
El año pasado, la mayoría de las empresas presentaron sus declaraciones juradas ante ARCA e informaron que habían actualizado sus pérdidas por inflación, con el objetivo de evitar las consecuencias de la ley penal fiscal, que se aplica cuando hay ocultación, engaño o fraude.
Ante esta situación, ARCA inició inspecciones masivas en empresas de todos los sectores , centrándose principalmente en energía, alimentación, automoción y servicios públicos.
El Gobierno extendió entonces el plazo, primero hasta noviembre y luego hasta el 31 de diciembre. También flexibilizó las condiciones: extendió el plan a 120 cuotas y redujo la tasa de interés mensual al 1,375% . De esta manera, el Estado podría recaudar entre US$6.000 y US$8.000 millones.
La tensión se intensificó aún más en las últimas horas, al conocerse los detalles del proyecto de reforma laboral. En él, el Gobierno incorporó un artículo que permite la actualización de las pérdidas por inflación a partir de 2026, pero establece que previamente no podían actualizarse .
Algunas cámaras empresariales, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera) , salieron a criticar la medida.
"El desconocimiento [de la actualización de las exenciones fiscales] genera efectos confiscatorios, en particular para aquellas empresas que han realizado inversiones significativas u operan con financiamiento en moneda extranjera. Esta situación afecta la competitividad, desincentiva la inversión y compromete la sostenibilidad de proyectos estratégicos a largo plazo", señaló la UIA en una carta.
"Aplicar el Título VI sin permitir la actualización de las quiebras genera graves distorsiones, dando lugar a una tributación sobre rentas ficticias y perjudicando especialmente a las empresas que han realizado inversiones en el pasado reciente y que, por tanto, tienen deuda financiera", afirmó, por su parte, Ageera.
El conflicto volvió a escalar luego de que ARCA determinara que la generadora eléctrica PCR no incumplió el pago de una deuda con el fisco, sino que incurrió en ocultación, artimaña o engaño, lo que abre la puerta a posibles imputaciones penales por fraude .
El indignado empresario también ahondó en otra opinión de la Administración Tributaria Nacional, que exime a las empresas que se acogen al plan de pagos. "El Estado alega que quienes no cumplen con el plan pueden ser acusados de fraude. Pero la calificación de la conducta se da cuando se comete una falta, no cuando se paga la deuda. Hubo una época en que el contribuyente que pagaba y el que no pagaba estaban en igualdad de condiciones; no puede haber dos conductas diferentes por el mismo hecho", se quejó un asesor fiscal de las empresas.
" Los montos son muy importantes: ni siquiera un plan a 10 años mitiga el impacto . Y la amenaza de aplicar la ley penal fiscal se interpretó en el sector como una forma de presión para que las empresas se adhieran al plan", añadió.
En el Sheraton, el clima era cálido. Apenas hubo tiempo para celebrar el anuncio del Secretario de Coordinación de Energía y Minas, Daniel González , de que el Gobierno buscará asegurar que las inversiones en la producción de petróleo y gas ( upstream) se adhieran al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) , una reivindicación histórica de las empresas, especialmente las internacionales.
Tampoco tuvo tiempo de celebrar que este año la balanza comercial energética arrojará un saldo positivo de más de US$7.000 millones , un 26% más que en 2024, según Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).
Fuente: La Nacion.